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Recientemente, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores del país y contra seis ejecutivos por haber celebrado y ejecutado un acuerdo colusorio para fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018, solicitando una multa total cercana a los US$ 65 millones.