En las últimas semanas, mediante dos requerimientos contra grandes empresas e importantes ejecutivos, la Fiscalía Nacional Económica ha enviado potentes señales en relación a una conducta expresamente prohibida por la ley de libre competencia (DL 211) desde el año 2016, pero que hasta ahora no había sido objeto de acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).