Reyes Cid explicó que “más allá de discusión de fondo, es una sorpresa que el TDLC haya dado inicio a un caso planteado en términos tan amplios que no se especifica cuál sería el o los mercados afectados, no se acompaña evidencia económica de la recomendación normativa que solicita la consultante para Chile, no se definen los parámetros a considerar en la regulación que se pide y no existe siquiera claridad respecto de quién tendría legitimidad para intervenir en el caso, lo que hace dudar de si ha sido una adecuada aplicación de la facultades previstas en el DL 211 o no”.