La decisión de los ministerios de Hacienda y Economía de mantener el máximo de 35 UF como límite a las restituciones cuando un cliente denuncia fraude o no reconoce una operación bancaria, que fuera criticada por el sector bancario por no contribuir a combatir el autofraude, analizaron expertos en El Mercurio. Consultado nuestro socio Lucas del Villar, indicó que se deben corregir los vacíos en la regulación que pueden permitir los autofraudes, para evitar que paguen “justos por pecadores”. Y destacó que “no solo se requieren procesos más modernos, sino también la capacidad de convencer a los jueces de policía local, a través de la creatividad, de la necesidad de adaptarse a los nuevos desafíos”.
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