Precisan que la inoculación contra el covid-19 no es exigible por parte de los empleadores y que negarse no es causal de desvinculación, aunque señalan que en en este caso no se entró al fondo de la discusión, ya que la empresa solo entregó información sobre el proceso, como medida de seguridad sanitaria. Por lo mismo, comparten lo resuelto por el tribunal de alzada, al desestimar el reclamo de amenazas a la integridad física interpuesta por el funcionario.